He conocido con asombro e incredulidad el procedimiento incoado contra Martín Villa cuyo comportamiento al frente del Ministerio de Gobernación fue impecable y fuertemente comprometido con el respeto al Estado de derecho, su preservación y su desarrollo. Puedo testimoniar la entrega de Martín Villa a la recuperación de las libertades democráticas de los españoles.
José María Aznar, expresidente del Gobierno y primer presidente del Partido Popular.
Debo decir que siempre le he tenido por persona comprometida con la consolidación de la democracia y el Estado de derecho. En mi larga etapa como parlamentario y luego como presidente del Gobierno, nunca recibí ningún testimonio que no fuera en la misma dirección.
José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno.
Los hechos que se le imputan son contrarios a toda verdad y abiertamente contradictorios con su ejemplar ejecutoria. Habría que proceder contra quienes de forma torticera han vertido acusaciones infundadas contra el exministro y han intentado menoscabar la imagen de España poniendo en duda su carácter plenamente democrático.
Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno.
Contra lo que se aduce en la querella presentada contra Rodolfo Martín-Villa, atribuyéndole la responsabilidad directa de la actuación policial en los sucesos de Vitoria, me permito sugerir que gracias a que en ausencia de un ministro titular tan temperamental que exclamaba "¡la calle es mía!", tuvimos activo, entre otros, a Rodolfo Martín-Villa volcado justo en lo contrario, en compartir el espacio público, físico e institucional, para que de una vez pudiéramos convivir en paz, se puso fin a la tragedia de Vitoria. Él no mandó disparar, sino templar; y lo consiguió.
Es un caso que debe juzgar la barbaridad que se produjo en los Sanfermines del 78 o la matanza de Vitoria, casos que se tenían que haber investigado en España pero que, incompresiblemente, ha tenido que ser la justicia argentina quien finalmente los juzgue. No entendemos que se pongan más trabas a que Martín Villa sea juzgado con todas las garantías de derechos, algo que él no otorgó a sus víctimas. La impunidad y el silencio son ajenos a cualquier idea de justicia porque los errores son errores y los crímenes son crímenes pero eso no lo deciden expresidentes, lo deciden los tribunales.
Es un caso que debe juzgar la barbaridad que se produjo en los Sanfermines del 78 o la matanza de Vitoria, casos que se tenían que haber investigado en España pero que, incompresiblemente, ha tenido que ser la justicia argentina quien finalmente los juzgue. No entendemos que se pongan más trabas a que Martín Villa sea juzgado con todas las garantías de derechos, algo que él no otorgó a sus víctimas. La impunidad y el silencio son ajenos a cualquier idea de justicia porque los errores son errores y los crímenes son crímenes pero eso no lo deciden expresidentes, lo deciden los tribunales.
Antes de disparar en Vitoria 76 |
Aún nadie ha reconocido nada. Todavía queda camino por delante. Gracias a la ayuda de países como Argentina y Chile para poner en evidencia los desastres cometidos y todavía pendientes de resarcimiento. El Estado aún no se ha dignado a pedir perdón, estuviese quien estuviese en el Gobierno: ni la derecha ni la pseudoizquierda. Tenemos que seguir peleando, porque aún queda mucho por limpiar.
La causa que imputa a Martín Villa juzga crímenes, no es un asunto político, es judicial. Las cartas de apoyo al exministro demuestran que Martín Villa aún tiene contactos con el poder y que su intención ha sido eludir la acción de la justicia. Han llegado en un escenario muy previo a la instancia de condena, que es cuando suele presentarse este tipo de testimonios. Aunque han tenido intención de influir sobre la jueza, ésta ha demostrado en el pasado que no se deja doblegar por estos intentos de presión.
Eduardo Fachal, abogado de la querella.
Las cartas de apoyo a Martín Villa nos dicen en qué plano se mueve su defensa, que es en el plano político. Aquí hay un plano nacional y un plano internacional. El plano político y el plano judicial. Desde un punto de vista nacional lo observan como delitos aislados que los hacen amnistiables. Nosotros lo miramos como crímenes contra la humanidad que los hacen inscribirse en otro contexto y a los que se aplica otro régimen. Parece que no les importa lo que les digan las instituciones internacionales. No juzgamos la Transición. Partimos de la base de que hay una continuidad represiva. ¿Cómo puede probarse ésta? Porque hay una misma línea política, los mismos cargos franquistas continúan ocupando cargos en la transición, en la democracia, por no hablar del poder judicial, que quedó prácticamente intacto. Si hay una represión que dura 40 años y si continúa unos años más bajo otro régimen, lo más probable es que esa represión sea continuación del régimen anterior.
Ana Messuti, letrada de la querella.
En España el muro de la impunidad sigue en pie. No se ha residenciado ninguna conducta de los autores del genocidio ante los tribunales de justicia, porque en España la ley de amnistía sí les ha proporcionado protección efectiva. La justicia española se ha negado reiteradamente a considerar que podía iniciarse siquiera una investigación. Como subrayó el relator de Naciones Unidas, Pablo de Greiff, la actitud omisiva de la justicia española carece de cualquier justificación objetiva y razonable. Pero en esas seguimos.
Parece que empiezan a abrirse grietas en ese muro. Y si la justicia española tuvo un papel clave en la quiebra del muro de la impunidad en Argentina y Chile fundamentalmente (la italiana en Uruguay), ahora es la justicia argentina la que puede ocupar ese lugar respecto de la impunidad en España.
Es verdad que la Transición no fue una operación de genocidio, pero también lo es que un componente importante de la Transición fue el encubrimiento y exención de responsabilidad de la operación de genocidio que practicó el Régimen del General Franco. Y en esa tarea de encubrimiento y exención de responsabilidad, Martín Villa sí tuvo un papel destacado. Si se hubiera seguido la senda indicada por Pablo de Greiff, posiblemente Martín Villa no tendría que declarar hoy ante la jueza María de Servini.
Eduardo Fachal, abogado de la querella.
Las cartas de apoyo a Martín Villa nos dicen en qué plano se mueve su defensa, que es en el plano político. Aquí hay un plano nacional y un plano internacional. El plano político y el plano judicial. Desde un punto de vista nacional lo observan como delitos aislados que los hacen amnistiables. Nosotros lo miramos como crímenes contra la humanidad que los hacen inscribirse en otro contexto y a los que se aplica otro régimen. Parece que no les importa lo que les digan las instituciones internacionales. No juzgamos la Transición. Partimos de la base de que hay una continuidad represiva. ¿Cómo puede probarse ésta? Porque hay una misma línea política, los mismos cargos franquistas continúan ocupando cargos en la transición, en la democracia, por no hablar del poder judicial, que quedó prácticamente intacto. Si hay una represión que dura 40 años y si continúa unos años más bajo otro régimen, lo más probable es que esa represión sea continuación del régimen anterior.
En España el muro de la impunidad sigue en pie. No se ha residenciado ninguna conducta de los autores del genocidio ante los tribunales de justicia, porque en España la ley de amnistía sí les ha proporcionado protección efectiva. La justicia española se ha negado reiteradamente a considerar que podía iniciarse siquiera una investigación. Como subrayó el relator de Naciones Unidas, Pablo de Greiff, la actitud omisiva de la justicia española carece de cualquier justificación objetiva y razonable. Pero en esas seguimos.
Parece que empiezan a abrirse grietas en ese muro. Y si la justicia española tuvo un papel clave en la quiebra del muro de la impunidad en Argentina y Chile fundamentalmente (la italiana en Uruguay), ahora es la justicia argentina la que puede ocupar ese lugar respecto de la impunidad en España.
Es verdad que la Transición no fue una operación de genocidio, pero también lo es que un componente importante de la Transición fue el encubrimiento y exención de responsabilidad de la operación de genocidio que practicó el Régimen del General Franco. Y en esa tarea de encubrimiento y exención de responsabilidad, Martín Villa sí tuvo un papel destacado. Si se hubiera seguido la senda indicada por Pablo de Greiff, posiblemente Martín Villa no tendría que declarar hoy ante la jueza María de Servini.
Nuestra esperanza es que quien es el principal jerarca franquista hoy vivo (jefe nacional del SEU, secretario general del Sindicato Vertical, procurador en Cortes, gobernador civil de Barcelona, ministro de Relaciones Sindicales y ministro del Interior), pase, de ser imputado, a ser formalmente procesado por su participación en los crímenes antes descritos, abriéndose así las puertas a su juicio y condena posterior. Queremos ver a Martín Villa sentado en el banquillo para responder a las acusaciones realizadas por sus víctimas y familiares de éstas. Es por ello que la declaración del próximo 3 de septiembre adquiere una gran importancia, pues puede dar paso a que otros imputados franquistas tengan también que declarar, otras víctimas denuncien nuevos crímenes y la propia justicia española se vea abocada a abrir procesos de investigación de todos los crímenes del franquismo.
Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo.
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