temporeros extranjeros: el nuevo lumpen

España necesita hasta 80.000 temporeros para las campañas de recogida en el campo, actividad que a menudo realizan extranjeros residentes en el país o contratados en origen. El técnico laboral de Asaja Juan José Álvarez sitúa en 100.000 el número de temporeros que se necesitan en las próximas recogidas. Solo en Aragón, la campaña de la fruta suele emplear a unas 25.000 personas entre braceros y manipuladores, la mayoría de ellos temporeros procedentes del este de Europa y de África. Según Oscar Monet, responsable de Fruta de COAG, los tres perfiles más recurrentes: quienes ya tienen residencia legal y se mueven de una comunidad a otra recogiendo naranjas, uvas y otras frutas; los contratados en sus países de origen por tres meses; y los residentes en España que en vacaciones vuelven a sus países para ver a sus familias. “Es trabajo de cada agricultor conocer qué trabajadores están fuera y cuáles cerca (para contar con ellos), porque la mayoría de los contratados están haciendo ahora tareas de invierno”. Moret no cree que los desempleados estén por la labor de trabajar en el campo si pueden mantener la prestación en medio de esta crisis sanitaria.

Miles de emigrantes sin papeles subsisten como temporeros agrícolas. El trabajo de campo se consideró una actividad esencial durante el confinamiento causado por Covid19. Mientras la mayoría de los ciudadanos se encerraban en sus casas, el personal de salud, transporte y alimentación, entre otros, tenía que seguir acudiendo a sus puestos de trabajo (solo podían salir a trabajar, a comprar y a la farmacia). Para los sindicatos UGT y CCOO, el Ejecutivo ha perdido una oportunidad para sacar a los inmigrantes irregulares de la economía sumergida e insertarlos en el mundo laboral.

No hay cifras oficiales, pero fuentes del sector reconocen que miles de estos temporeros son inmigrantes en situación irregular a los que se emplea sin contrato de forma ilegal. De hecho, sólo en asentamientos chabolistas de Lepe se concentran actualmente más de 2.000 personas, a la espera. La deplorable situación en la que se encuentran está recogida en un reciente informe del relator de la ONU sobre pobreza extrema, Philip Alstom, en su última visita a España. En su opinión, sus condiciones de vida son "inhumanas". "Hay un montón de gente, si vas a Palos de la Frontera o a Moguer ves también que los asentamientos están llenos. Nadie sabe cuándo va a empezar el trabajo. En muchos sitios se han cerrado las fuentes por el coronavirus y se han quedado sin agua potable, no tienen comida y ahora con la pandemia...Las personas están sufriendo", advierte Amadou, profesor de instituto en Gambia que lleva un mes sin ingresos. Asegura que en muchos pueblos la gente ni siquiera puede hacerse su chabola, ya que las autoridades son más restrictivas por causa del coronavirus. También detecta que entre los temporeros "sin papeles" existe falta de información sobre cómo protegerse ante la COVID-19, y en muchos casos no respetan el distanciamiento social. "Hace unas semanas en Palos los vi sentados unos junto a otros frente al fuego para calentarse. No hay ni mascarillas, ni guantes, ni nada de eso". El hecho de que esté limitado el número de personas que pueden circular por vehículo es otra dificultad añadida para encontrar ocupación, ya que sólo se contrata a quienes viven cerca. "Lo que yo veo normalmente es que el sueldo depende del jefe. El convenio habla de un precio fijo (en torno a los 48 euros por día), pero a nosotros los sin papeles no nos hacen contrato y cobramos a veces 33, en otros sitios 38 euros...", denuncia.

Año tras año miles de mujeres marroquíes cruzan el Estrecho de Gibraltar dirección norte para hacer la temporada de la fresa y otros frutos rojos. Contratadas por pocos meses deberán regresar una vez concluya su actividad laboral a su lugar de origen. Estas temporeras son seleccionadas con un objetivo en mente: que sus cargas familiares desincentiven cualquier tentativa de quedarse en territorio español, pues son más sus razones para volver. En el verano del 2020 esas razones para volver siguen existiendo. Pero, por ahora, no hay retorno posible. En concreto, 7200 temporeras permanecieron bloqueadas sin recursos económicos ni información sobre cómo y cuándo podrán retornar a su país. Las organizaciones denuncian abandono institucional y cuestionan el marco de la contratación en origen. Marruecos sigue sin abrir las fronteras terrestres ni posibilitar la operación del cruce del estrecho, y descarta que la situación cambie hasta el final del verano. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) hacían llegar el pasado martes sendas misivas a la embajadora marroquí en España Karima Beyaich y a su homólogo español en Marruecos, Ricardo Díez-Hochleitner, señalando la falta de ayuda y asistencia social a estas trabajadoras en un intento de forzar la implicación de las autoridades de ambos países, a quienes, consideran, corresponde sufragar los viajes de retorno dada la situación económica de las trabajadoras. También exigen a la Junta de Andalucía que se haga cargo de la dimensión sanitaria del retorno.

“Están dejadas, varadas, olvidadas: están atrapadas, muy estresadas después de tantos meses de trabajo que se lo han comido todo porque no han tenido relevo”, resume José Antonio Brazo de la sección onubense del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT). Al estar alojadas en fincas dispersas muy lejos de los núcleos urbanos, la sensación de abandono y de estar atrapadas se intensifica. Para este sindicalista, que cuenta haber hecho ayer 9 de julio varios viajes para acercar a estas temporeras al supermercado, este es uno de los problemas principales pues deja a las mujeres expuestas, tanto si caminan solas, como si intentan que les acerquen en coche, a todo tipo de abusos. “He hablado con muchas de ellas y me han dicho que están deseando volver a Marruecos”, afirma. "España y Marruecos deberían ocuparse de la manutención de estas mujeres mientras estén varadas, una respuesta lógica ante el rol esencial que han desempeñado para la economía del primer país, sirviendo a los supermercados mientras los demás seguíamos confinados. Los empresarios y ayuntamientos que se han enriquecido con esta mano de obra barata deberían de ser consecuentes y poner un servicio de microbuses para que las temporeras puedan moverse”.

El colectivo feminista de Huelva Mujeres24H, señala cómo esta situación de abandono genera toda una trampa de gente que se beneficia a costa de la vulnerabilidad de estas trabajadoras pobres. Taxistas informales que abusan con el precio del viaje, o que retienen sus números de teléfono para después llamarles con el fin de quedar con ellas, son algunos ejemplos.

Los continuos escándalos protagonizados por la patronal del sector del agronegocio y del gobierno andaluz han visibilizado el carácter estructural de la esclavitud en la que se encuentran miles de trabajadoras jornaleras y migrantes con y sin papeles en los campos de la fruta roja. Recordemos también que en Ciudad Real (Bolaños) se detuvo a 18 personas por un posible delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral y contra los derechos de los trabajadores. Sin embargo, patronal y gobierno se niegan a reconocer la realidad que afloró con la llegada de la emergencia sanitaria, escudándose en señalarlos como “casos aislados” y minimizando la sistémica violación a los derechos humanos.


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