el negocio de la vejez

El sector de las residencias de mayores no ha parado de crecer en los últimos cinco años. Los expertos le calculan que la rentabilidad de estas empresas ronda «el 4 ó 5%». Las empresas han decido apostar por ofertar más plazas y, en menor medida, por construir nuevos centros. Se trata de un sector muy atomizado que, en los últimos años, ha tendido a la concentración: cerca de un cuarto de las plazas están en manos de cinco grandes empresas: Domus Vi (@DomusVi_Es), Orpea (@ORPEA_), Amavir (@GrupoAmavir), Ballesol (@GrupoBallesol) y Sanitas (@sanitas), que suelen gestionar sobre todo centros de gran tamaño, de más de 100 camas; dos de ellas son fruto de la fusión de varias empresas. Concretamente, Domus Vi se compone de dos grandes sociedades, Geriatricos SA y SARquavitae y, por otro lado, Amavir se creó a raíz de la compra del grupo Amma por Adavir. Además, ninguna de las dos es originaria de España, sino que son multinacionales de origen francés (al igual que Orpea). Suelen facturar al año desde aproximadamente 130 hasta más de 400 millones de euros, sólo por la explotación de centros residenciales. Entre las cinco, suponen 23% del negocio total. Domus Vi, la compañía más grande de este sector, en 2018 facturó 376,9 millones de euros y preveía superar los 400 millones en 2019.

Antes las querían comprar las sociedades de capital riesgo, constructoras, inmobiliarias, entidades financieras, cajas de ahorro y, ahora, han entrado los fondos de inversión. Sin meterse en la gestión, sólo buscan «sacar rentabilidad». En concreto, entre los propietarios de Domus Vi se encuentran el fondo inglés ICG y el holding francés SRS. Por otro lado, la empresa Orpea tiene desde 2013 una participación del fondo de pensiones canadiense CPP Investment Board. Y otros, como Ballesol, forman parte del Grupo Santalucía. El interés de los fondos por las residencias responde a lo que se conoce como «inversiones alternativas», es decir, un dinero que destinan a ciertos sectores que creen que pueden ser rentables a medio plazo. El mecanismo consiste en comprar parte de las empresas, «tenerlas durante unos cinco años, hacerlas crecer y cuando tengan un tamaño suficiente, las venden a un tercero». Gracias a este mecanismo, los fondos estarían sacando por encima de un «10% de beneficio», frente al 4% que suele generar la propia gestión.

Las asociaciones de familiares y sindicatos se muestran preocupados. «La entrada de los fondos de inversión en las residencias es una demostración palpable de que se trata de un negocio en el que priman más los beneficios económicos que la atención a nuestros mayores. Desde que están en el sector de las residencias, se puede asegurar que la situación ha empeorado. Por ejemplo, en el ránking que hemos elaborado sobre las residencias sancionadas por la Comunidad de Madrid entre 2014 y 2018 están a la cabeza Orpea, con un diez, Sanitas, con un nueve, Amavir, con un siete y Domus Vi, con un cuatro», sostiene el presidente de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias, Miguel Vázquez.

El crecimiento de este sector no sólo depende del mercado sino también, en gran medida, de la inversión pública. Y más en concreto, de los fondos que destinan las Comunidades Autónomas para la concertación de camas, es decir, la colaboración público privada o la llamada «externalización» de servicios. En 2018: el 59% del mercado total correspondía a las residencias privadas (2.655 millones de euros de volumen de negocio), 30,4% a concertadas (1.370.000 euros) y el 10,6% restante a las públicas. Y en lo que se refiere a camas, «65% eran plazas privadas puras (186.300)» y las concertadas supusieron 99.100.

Las autonomías pagan alrededor de unos 60 euros al día por residente a las empresas que gestionan residencias con plazas concertadas (de financiación total) o centros públicos (de gestión indirecta). España es un país donde la pensión media ronda los 996,79 euros y el precio medio de una plaza privada se mueve en torno a los "1.777 euros al mes, 1.955 con IVA", según un informe de 2017 del portal Inforesidencias, una cuantía difícilmente asumible por la mayoría de la ciudadanía. Normalmente se recurre a una ayuda familiar. También se usa la fórmula recogida en la Ley de Dependencia del Cheque o Prestación Económica Vinculada al Servicio, en la que en función del grado, se tiene derecho a una ayuda más o menos importante, entre 500 o 700 euros. Para cuadrar las cuentas en las privadas, se hace imprescindible concertar plazas con el Estado, aunque sea a un menor precio.

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