castigo a las solares

El autoconsumo con placas independiente de la red eléctrica en este momento no es viable en la inmensa mayoría de los casos. Este sistema, al depender del sol, necesita del respaldo de la red para poder abastecerse cuando las placas no generan electricidad.

En el real decreto aprobado este viernes, se establecen dos categorías de autoconsumidores enganchados a la red: los pequeños -con instalaciones de menos de 100 kilovatios- y los grandes, que superan ese límite. Según ha explicado el ministro, los pequeños podrán verter a la red el sobrante de la energía que generen, aunque no recibirán ni un euro por ello. A los mayores sí se les pagará por el sobrante. El precio, según el ministro, será el que marque el mercado a la hora a la que se suelte la energía a la red.

José Donoso, director de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), ha criticado que el Gobierno no haya incluido la regulación del balance neto en el decreto. Esto supondría que todos los autoconsumidores podrían recuperar de la red, sin coste alguno, la energía que han vertido. Donoso, además, critica que los "impuestos al sol", en referencia a los diferentes cargos, hacen que un hogar medio solo pueda recuperar la inversión que supone instalar las placas en 16 años. "Sin esos peajes y con balance neto se tardaría entre 12 y 13 años", afirma Donoso.

En el caso del sector servicios, ese umbral estará con el decreto en 12 años, frente a los 5,5 que se tardaría con el modelo propuesto por UNEF. Y en el caso de una pyme, la rentabilidad se lograría en siete años y medio, frente a los 4,5 del sistema que propone esta asociación. Donoso se ha quejado de que el sistema ideado por Industria supone que un autoconsumidor "pague el doble que un consumidor normal" en concepto de peajes.

La oposición política en bloque firmó en junio un manifiesto en el que se pedía la "retirada de la propuesta del Gobierno de real decreto" sobre el autoconsumo eléctrico. Los firmantes, entre los que también hay organizaciones no gubernamentales, sindicatos y asociaciones empresariales, consideraban que la norma, que finalmente se ha aprobado este viernes, impone "peajes injustos" y trabas administrativas. El manifiesto también señalaba que, en el caso de aprobarse el real decreto, los firmantes se comprometían a "contribuir a derogarlo y a crear con la máxima urgencia una normativa realmente favorable al desarrollo del autoconsumo". El documento fue ratificado por Amaiur, BNG, CHA, Ciudadanos, Coalición Canaria, Compromís, Convergència, Eguo, ERC, Geroa Bai, ICV, IU, Nueva Canaria, Podemos, PNV, PSOE, UPyD y UPN.

MANUEL PLANELLES El País 9 OCT 2015