El proyecto de ley pretende liberar aproximadamente 115 delincuentes encarcelados, entre ellos algunos de los que participaron en el golpe de Estado contra el presidente Chávez en 2002, así como muchos de los que ambos organizaron y participaron en protestas violentas.
La peor de estas protestas tuvieron lugar en febrero de 2014. Estas protestas, que llegaron a ser conocidos como guarimbas, vio bloqueos erigidas en todo el país por parte de manifestantes de derecha que utilizan la violencia letal para hacer cumplir su bloqueo. Estas protestas en última instancia, se cobraron la vida de 43 venezolanos, la gran mayoría de los cuales eran partidarios del gobierno o funcionarios de seguridad del Estado.
El país recordó con gravedad el martes hasta donde algunos de los partidarios de la oposición están dispuestos a ir a cuando un autobús secuestrado por los estudiantes se lanzó sobre la policía y mató a dos agentes de policía en la ciudad de San Cristóbal, Táchira. No es casualidad que esta tragedia ocurrió en la misma ciudad que fue el epicentro de las guarimbas. Los fiscales venezolanos alegan que el entonces alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, ayudó a organizar estas protestas violentas. Ceballos es uno de los llamados presos políticos que se establecen para beneficiarse de la ley de amnistía.
La oposición puede defender la impunidad, pero las viudas y huérfanos no han olvidado el papel desempeñado por la misma gente de la oposición ahora quiere liberar de la cárcel.
Pulido recuerda que la Asamblea Nacional está revisando el nombramiento a finales de diciembre de 13 magistrados, que quizá podrían ser sustituidos, y también podría cambiar la Ley del TSJ. Estos procesos podrían derivar en el nombramiento de nuevos o de más magistrados "para equilibrar la balanza dentro del tribunal".
En cuanto a las opciones políticas, el abogado señala la posibilidad de que logre hacerse el referendo revocatorio propuesto por la oposición y haya un nuevo presidente que quiera aprobar un indulto.
En cuanto a las opciones políticas, el abogado señala la posibilidad de que logre hacerse el referendo revocatorio propuesto por la oposición y haya un nuevo presidente que quiera aprobar un indulto.
Es extraña y curiosa la postura de los socialistas españoles que consideran oportuna la encarcelación por tres años y medio del sindicalista Andrés Bódalo por un delito de atentado y falta de lesiones, mientras defienden la salida de la cárcel de Leopoldo Torres, participante de un golpe de estado e instigador de las revueltas violentas de La Salida. Quien haya visto las imágenes de ambas revueltas, puede juzgar. Parece que se juzga más el quién que el qué. Felipe González es uno de los grandes defensores del fin del Socialismo en Venezuela y de la privatización, suponemos que representando los intereses de algunas compañías.
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