lunes, 26 de enero de 2015

el miedo a syriza no es a lo desconocido

No hace falta ejercer de futurólogos: a Syriza se le puede juzgar por su acción de gobierno actual. Gobiernan las Islas Jónicas y Ática, la región más poblada de Grecia, en la que vive el 40% de su población. También aproximadamente el 20% de los municipios de la misma región.

En estos pocos meses, a pesar de encontrarse un presupuesto ya confeccionado, Syriza aumentó la ayuda de emergencia social en Ática de 1,8 a 13,5 millones de euros. Estableció ayudas para los hogares que no podían pagar la luz, unos 40.000. Los niños estudian con velas. En Grecia, cuatro de cada cinco viviendas no pueden poner la calefacción. Los griegos se ven obligados a encender hogueras de leña en los pisos y ya hay varios casos de muertes por asfixia. Con el recibo de la luz va unido un impuesto extra a la propiedad. Si no lo pagas, la cortan. Pero sindicalistas de eléctricas denunciaron que las grandes empresas pagaban la mitad, o incluso nada.

Syriza se negó a despedir a más funcionarios. Esta negativa ha hecho que esos alcaldes rebeldes, que aducen que hoy los servicios públicos son más importantes que nunca, tengan querellas por desobediencia ante la justicia.

Abren dispensarios públicos con médicos voluntarios para poder ofrecer acceso universal a algunos de los más de tres millones de griegos que hoy no tienen acceso a la sanidad. El movimiento que la defiende tiene como lema: “No nos mataréis”. Los partos cuestan más de 700 euros. Una cesárea: 1.200, una radiografía: 100. Las pruebas diagnósticas son tan inalcanzables que las ONG denuncian el aumento imparable de los abortos no deseados.

Syriza ha reducido los impuestos del pequeño comercio y las PYME y aumentado los impuestos municipales de las grandes compañías, bancos y superficies comerciales. Aunque sería más justo decir que han empezado a pagar, pues antes no lo hacían. Organiza mercados para productores locales que venden sus productos más baratos que en los supermercados y colabora con los comedores sociales y los infantiles. También han cancelado proyectos de plantas de gestión de desechos por no cumplir las leyes de impacto ambiental.

Jorge Armesto en Diagonal

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