El asesinato de Arturo Ruiz García, cometido en una manifestación proamnistía en Madrid el 23 de enero de 1977 por José Ignacio Fernández Guaza, miembro de los Guerrilleros de Cristo Rey, y que según sus propias declaraciones públicas, mantenía una estrecha relación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se produjo en un contexto de violencia política caracterizado por el uso de la fuerza como herramienta política por parte del Estado o sectores de mismo que utilizaron a los grupos de extrema derecha dentro de una estrategia de tensión para mantener el control político de la Transición. Según investigaciones y declaraciones posteriores, Fernández Guaza habría contado con el apoyo de las autoridades para huir de España y establecerse en Argentina, lo que plantea interrogantes sobre la implicación de las instituciones estatales en el encubrimiento del crimen. El crimen no solo es un caso aislado, sino que se inscribe en un patrón de acciones coordinadas que podrían contar con la connivencia de las fuerzas de seguridad, tal y como recogió en su libro Carlos Portomeñe La matanza de Atocha y otros crímenes de Estado. Anatomía de la Transición.
Su hermano Miguel Ángel Ruiz ha registrado una petición al Ministerio del Interior pidiendo la desclasificación de documentos relacionados con el asesinato para reivindicar el derecho a la verdad sobre otros crímenes perpetrados por la ultraderecha durante la transición sangrienta y esclarecer las posibles conexiones entre los autores de estos crímenes y las fuerzas de seguridad de la época. La petición destaca la necesidad de acceder a archivos oficiales que puedan arrojar luz sobre estos hechos, cumpliendo con lo establecido en la Ley de Memoria Democrática. Esta norma reconoce el derecho de las víctimas y de la sociedad a conocer la verdad sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el franquismo y la Transición. Entre la documentación solicitada figuran informes policiales, registros de actividad de las fuerzas de seguridad y comunicaciones internas del Ministerio del Interior que puedan revelar detalles sobre el caso de Arturo Ruiz y su conexión con otros episodios de violencia política de la época. Miguel Ángel Ruiz subraya que la falta de información oficial perpetúa la impunidad y niega a las familias el cierre necesario para superar el impacto de estos crímenes. “La verdad es un derecho inalienable que no puede quedar subordinado a intereses políticos o administrativos”, ha declarado.La petición, redactada con el apoyo de los abogados Amanda Meyer, Juan manuel Alcoceba y Mauricio Valiente, también aboga por la reparación simbólica e institucional de las víctimas, recordando que el acceso a los archivos y la investigación de los hechos son esenciales para combatir la impunidad y construir una democracia plena basada en la justicia y el respeto a los derechos humanos.
¿Y el de Yolanda González?
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