los comprometidos cuadernos masones que los nazis regalaron a franco

El carlista Marcelino de Ulibarri, amigo personal de Franco, fue el responsable del Servicio de Recuperación de Documentos encargado de requisar la documentación de los partidos y sindicatos republicanos en cada ciudad que ocuparon las tropas sublevadas en su avance durante la contienda, y también los objetos de las logias masónicas. La documentación confiscada acabó en el Archivo de Salamanca, que se convertiría en una gigantesca base de datos para los tribunales de la represión franquista.

En Valencia, el abogado Pascual Serrano Josa fue el encargado de la confiscación de la documentación masónica y de su envío a Salamanca. En 1940, según la correspondencia entre Ulibarri y Serrano, la documentación requisada en el templo de la calle del Conde de Montornés excedía un vagón de tren.

Los victoriosos franquistas no pudieron arramblar, ni mucho menos, con todo. En el puerto de Alicante, poco antes de la entrada de las tropas franquistas, unas sacas con documentación comprometedora (las listas de afiliación, la correspondencia o los libros de actas) acabaron en el fondo del mar. "La abundante documentación emanada de los organismos masónicos valencianos fue en parte destruida durante las semanas previas al final de la guerra, en un intento desesperado de eliminar las pruebas que involucraban a los miembros de la orden, para evitar las seguras represalias por parte del bando triunfador", comenta el historiador Vicent Sampedro.

El resto de la documentación fue evacuada a Francia y depositada en los archivos del Gran Oriente de Francia en la rue Cadet de París, pero tras la invasión nazi fue requisada por la Gestapo y entregada a las autoridades franquistas. Los comprometedores documentos, que los masones españoles pensaban tener a buen recaudo en París, volvieron a manos del franquismo gracias a la colaboración de los aliados nazis.

El Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH), heredero del Archivo de Salamanca, conserva 80.000 fichas de supuestos masones además de las listas enviadas por los alemanes. Se trata de dos libretas, una de masones españoles en el exilio francés, algunos internados en campos de concentración, y otra de masones de la ciudad de Valencia. Las listas, ordenadas alfabéticamente, abarcan varias décadas e incluyen decenas y decenas de supuestos masones, identificados con nombre y apellidos, profesiones y la adscripción a las logias.

Todos fueron juzgados por el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y del Comunismo (TERMC) que instruyó, entre 1940 y 1964, más de 64.000 expedientes y "extendió sus actividades incluso a los masones exiliados", apunta el historiador Vicent Sampedro, a quien no le cabe duda de que ambas listas provienen de los intercambios con las autoridades alemanas. "La documentación que lo compone fue requisada por las tropas alemanas a partir de 1940, después de la invasión de Francia, y fue remitida en diferentes lotes a las autoridades franquistas", explica.

En España, la dictadura franquista persiguió a la masonería con el TERMC y también con la propaganda más burda. El escritor y policía de la Brigada Político Social Eduardo Comín Colomer, colaborador de Ulibarri y activo propagandista antimasónico, fue destinado a Valencia en la inmediata posguerra. Su amigo Julián Carlavilla, conocido autor de libelos antisemitas, comisario de la Brigada Político Social y declarado pronazi, mostró una paranoia permanente contra la masonería durante toda su vida. Los masones fichados en la lista recuperada por el franquismo tuvieron destinos dispares: campos de concentración, años de prisión, vidas como topos y muertes.

Luis Marco en eldiario,es