La gran mayoría de las víctimas son el resultado de un régimen que dirige la represión militar y policial y escuadrones de la muerte paramilitares aliados con los militares y líderes políticos pro-gubernamentales.
La escala y el alcance de la violencia del régimen contra la oposición social se opone a cualquier idea de que Colombia es una democracia: elecciones llevadas a cabo bajo el terror generalizado y cuyos autores están aliados con el Estado y que actúan con impunidad, no tienen legitimidad.
La reelección del presidente Santos y la convocatoria de las negociaciones de paz con las FARC para poner fin a la guerra civil más larga de América Latina es sin duda un paso positivo hacia el fin del derramamiento de sangre y proporcionar la base para una transición a la democracia.
Si bien el régimen de Santos ha puesto fin al régimen de terror estatal masivo de su predecesor, el régimen de Álvaro Uribe apoyado por Estados Unidos, los asesinatos políticos se siguen produciendo y los autores siguen haciéndolo con impunidad.
El régimen de Santos puede prometer aceptar muchos cambios democráticos, pero su práctica durante los últimos dos años habla de autoritarismo, de régimen sin ley, del mantenimiento del status quo.
El régimen de Santos tiene tres objetivos estratégicos: desarmar a la insurgencia popular; recuperar el control sobre el territorio bajo control insurgente, y debilitar y socavar los movimientos sociales populares y grupos de derechos humanos que puedan formar alianzas políticas con la insurgencia cuando y si se convierten en parte del sistema político.
El régimen de Santos tiene tres objetivos estratégicos: desarmar a la insurgencia popular; recuperar el control sobre el territorio bajo control insurgente, y debilitar y socavar los movimientos sociales populares y grupos de derechos humanos que puedan formar alianzas políticas con la insurgencia cuando y si se convierten en parte del sistema político.
No hay comentarios:
Publicar un comentario