Las compañías pagan a los ex pescadores para que saquen carbón de la playa cuando la marea la arrastra a tierra, lo que la activista local Katta Alonso dijo que sucede cada pocos días. Activistas como Alonso, que dirige el grupo Mujeres de Zona de Sacrificio Quintero-Puchuncaví, usan la palabra "zona de sacrificio" para describir las áreas que soportan los costos de la industrialización bajo una supervisión débil. "Es posible que un país en 'proceso de desarrollo' tenga zonas de sacrificio", dijo. En su opinión, el gobierno chileno está ofreciendo la vida de 50,000 personas a cambio del crecimiento industrial.
Los activistas ambientales han aprovechado los problemas de Quintero y Puchuncaví para evidenciar la necesidad de que el gobierno chileno firme el Acuerdo de Escazú, que se convirtió en el primer tratado ambiental regional cuando varios países latinoamericanos y caribeños lo adoptaron en 2018. Poco después de regresar de este país. la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el presidente Sebastián Piñera anunció que no tiene planes de firmar. "No agrega nada", dijo al canal chileno de noticias Tele13. "Todo lo establecido en Escazú ya está contenido en la legislación nacional".
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